Nuestros argumentos

Constatamos que en una época el país se lleno de urbanizaciones.
Los poderes públicos fijaron unas condiciones que no han podido hacer cumplir.
Can Canyamars no es un hecho aislado.
El país esta lleno de urbanizaciones similares.
Parece que un sistema jurídico – administrativo favoreció estas situaciones.

La gente compro parcelas en un mismo municipio.
Con las mismas condiciones, a nadie se le hace ninguna advertencia ni tiene inconveniente para construir.

Ahora unos propietarios por el único motivo de encontrarse en una zona determinada al aprobar este proyecto se les imputaran unos gastos muy importantes.

El tratamiento es el mismo que tendría el promotor de una actividad económica.
Pero la realidad no es esta.

El beneficiario de arreglar la urbanización no es solo el vecino de este polígono.
El beneficio es también para el resto del colectivo.
Estamos arreglando las vías públicas.

Si entienden que:
La responsabilidad de la situación no es nuestra.
La situación actual es también consecuencia de la actuación de las administraciones.
Que el beneficio es para todo el colectivo.

Consideramos justo pedirles ayuda en reciprocidad a la contribución que hemos venido prestando nosotros durante todos estos años a los proyectos del municipio.

El Sr. Josep Sole, Jefe de la oficina de cooperación de la Diputación contesto asintiendo que teníamos toda la razón, pero ya nos indico que el procedimiento que se sigue para legalizar las urbanizaciones es el que se ha seguido aquí.